Entrevistas ANTICOP 2024 Oaxaca México – CRIC Colombia https://mirrorssouthglobal.org En Colombia existen maravillosas reservas naturales que son cuidadas por grupos de personas mayoritariamente indígenas y que son amenazadas de muerte y asesinadas con un nivel de impunidad enorme por parte de las autoridades, el mismo día que se realizó esta entrevista, nos enteramos que una persona, un compañero que se quedó cuidando la selva y a la educación del pueblo Nasa, mientras una parte de su colectivo venía al ANTICOP, fue asesinado, su nombre era Emanuel Jose Oca Cuspian, la guardia indígena y sus estudiantes a los que se dirigía para darles clase cuando fue atacado, lamentan la crueldad y la muerte de la que su amigo, maestro y compañero fue víctima y no claudicarán de la causa que les mantiene defendiendo el río, la tierra, la flora, la fauna y su cultura. A las 6:30 de la tarde fue detonado el cilindro bomba que le quitó la vida en el punto de control llamado La Altamira en el Pinal, resguardo indígena de Kwe,th’na – Las Mercedes, municipio de Caldono, los asesinos huyeron ilesos. Responsabilizamos de manera directa a Leider Tumbo Pacho, alias Camilo, jefe de los sicarios de la Dagoberto Ramos, quien dio la orden de asesinar a Emanuel José Oca.Las autoridades indígenas kiwe Puyaksa están en alerta protegiendo a las comunidades. Desde esta La ANTICOP, exigimos justicia para nuetr@s compañer@s guardianes de la vida de la selva Colombiana y trabajaremos para que este planeta sea más justo, más sano y más armonioso para tod@s.
Con amenazas y corrupción buscan despojar de su territorio a El Coyul, comunidad istemeña de Oaxaca. Caciques y jueces corruptos buscan encarcelar a 15 campesinos de una comunidad rural de México, la cual esta librando una serie de amenazas y acciones injustas para arrebatarles la propiedad de sus tierras. El conflicto se remonta a los tiempos en que los fundadores de la comunidad adquirieron propiedades utilizando puntos de referencia exactos. Con el paso de los años, esto ha provocado múltiples invasiones y disputas territoriales. En 1990, la comunidad se enfrentó por primera vez a un conflicto legal. Después de una ardua batalla legal, en 1993, un periódico oficial reconoció a la Sociedad Agrícola Ganadera del Coyul como la propietaria legítima, y ambas partes delimitaron sus propiedades. Sin embargo, en 2004, surgió una nueva sociedad agrícola con una denominación similar, lo que confundió a las autoridades y llevó a nuevas denuncias y demandas legales. En 2012, varios miembros de la comunidad fueron denunciados por despojo, pero fueron absueltos. Este patrón de denuncias y absoluciones se repitió en 2015 y nuevamente en 2019. A pesar de ser absueltos en cada ocasión, el conflicto no terminó. En 2021, 21 miembros de la comunidad fueron vinculados a proceso por despojo y delincuencia organizada, con acusaciones presentadas por Joel Ricardes López. Aunque el juez anterior los había absuelto, el cambio de nombres y predios mantuvo la persecución legal activa. En 2022, 16 de los 21 miembros procesados fueron condenados a 15 años de prisión y obligados a pagar una indemnización. Las autoridades locales, incluyendo la fiscal Virginia Cambrón Mujica y el juez Guillermo Martínez Martínez, han sido señaladas por presunta colusión en el caso. Los miembros de la comunidad, muchos de ellos ancianos, han acudido a diversas instancias gubernamentales, incluyendo al presidente López Obrador y a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, sin recibir respuesta. Ante la desesperación, algunos han considerado tomar medidas extremas para defender sus tierras. La situación evidencia profundas fallas en el sistema judicial mexicano y plantea serias preguntas sobre la justicia y los derechos de propiedad en el país.
